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La Fiscalía de Samaná presentó su acusación en agosto de 2010.
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Justicia. Los pescadores introdujeron al país más de un millón de dólares en una lancha rápida por el muelle de Las Galeras
23 Mayo 2011, 8:48 PM
Jueces Samaná liberan pescadores   
El procurador fiscal apelará la sentencia que también manda devolver el dinero que traían en la lancha
Escrito por: Dayana Acosta
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Samaná.-Los pescadores que introdujeron al país más de un millón de dólares fueron puestos en libertad  y les devolvieron el dinero por no habérseles probado la acusación mediante pruebas lícitas.

La decisión fue adoptada por los jueces Wendy Altagracia Valdez, Indira Paulino Polanco y Heriberto Luis Jhonson, del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez.

Ismael King Almeyda  y Felipe Encarnación Paredes, ambos pescadores, fueron liberados el día cuatro de este mes y también les devolvieron un millón 269 mil 416 dólares. 

 Además, la sentencia ordena la devolución de la lancha Dabian, marca Omaha, placa PR0073AA, embarcación donde se encontró el  dinero incautado  por agentes de la Dirección General de Aduanas (DGA).   La querella fue rechazada, de acuerdo al documento, “por no haber  probado los abogados haber recibido poder especial  que les faculte ostentar   la representación  en justicia de la Dirección General de Aduanas y la acusación ser improcedente, mal fundada y carente de base legal”.

A los dos hombres se les arrestó en el muelle de Las Galeras, en Samaná.

De acuerdo al acta de la Dirección de Aduanas, que levantó uno de los oficiales, los pescadores regresaban de Puerto Rico  con ese  dinero  que  no fue declarado ante las autoridades a su llegada al país.

 El   fiscal de Samaná, Juan Medina de los Santos,  dijo que apelarán la sentencia que evacuó el  tribunal.

Las pruebas del Ministerio Público fueron actas de arresto flagrante, registro de nave, certificado de la Dirección General de Aduanas, proceso verbal, decomiso del dinero y recibo de la Dirección General de Aduanas. 

Los abogados en sus conclusiones, según la sentencia, del cual EL DÍA tiene una copia,   solicitaron prisión de cinco años y que el dinero decomisado sea declarado a favor del Estado.

A la hora del decomiso el Ministerio Público  no participó en la operación porque Aduanas  faculta al colector de Aduanas a intervenir ciertos lugares sin la participación   de un fiscal.

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