SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana sometió este jueves  un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la Ley 57/96 que dispone la exoneración del pago de impuestos a las importaciones de vehículos de motor a diputados y senadores, por considerarla violatoria de la Constitución.

El documento fue depositado por los juristas Luís Scheker Ortiz y José Alberto Tejada, miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana  y Carlos Pimentel director del Área de Transparencia.

Scheker Ortiz recordó que el artículo 146 de la Carta Magna  plantea en su Ordinal 1 que será sancionada toda persona  que sustraiga fondos públicos o que valiéndose de sus posiciones dentro de los  organismos del Estado obtenga para sí o para terceros provecho económico.

“Los legisladores, haciendo lo que entendemos es un abuso de sus funciones, importaron vehículos que no solamente ya la sola importación privilegiada de esos vehículos constituyen una violación a la Constitución, sino vehículos de las marcas más caras, es decir, Roll Roice, Mercedes Bens, Ferrari, Jaguar”, indicó Ortiz.

Señaló que las exoneraciones otorgadas a los legisladores representan un privilegio irracional y desproporcionado,  contrario a la Carta Magna, por lo que solicitaron a la Suprema su nulidad.

“La ley 57/96 que dispone la entrega de exoneraciones a legisladores debe ser declarada nula, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución vigente que plantea que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. También indica que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esa Constitución.”, expresó Scheker.

Destacó que el desempeño de los legisladores debe ser ejercido con pulcritud y legitimidad, poniendo ejemplo de austeridad, moderación y templanza, con estricto apego a la moral y a la ética funcionaria.

La Organización No Gubernamental advirtió que acudirá a los Tribunales cuantas veces entienda que la ley ha sido violada o que se han cometido excesos o abusos de poder en el ejercicio de una función, con la finalidad de eliminar esas malas prácticas y fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho propios de todo sistema democrático bien inspirado.

Legisladores critican decisión

La medida del grupo de la sociedad civil fue criticada por legisladores que defienden esos privilegios.

“Participación Ciudadana lo que tiene que  hacer es someter un mecanismo para abolir el Congreso, porque yo no sé porque razón al Congreso Dominicano se le cuestiona tanto”, expresó el senador por La Vega, Euclides Sánchez.

En tanto que el senador Charlie Mariotti considera que debe buscarse una salida  al tema, tras explicar que la referida Ley se trabajo en función de cuatro años y no de un periodo excepcional de seis años.