Una idea R2 para combatir efectivamente la pobreza es la de que a una parte de los participantes en los programas sociales que desarrolla el Gobierno se les pague por “aprender para trabajar”, es decir, por desarrollar capacidades de trabajo y producción.

El programa Solidaridad abarca con sus prestaciones a más de 530 mil hogares mediante “transferencias condicionadas de efectivo” o sea una cuenta en una tarjeta de débito con la que pueden adquirir los alimentos indispensables para el sustento de sus familias en diversos establecimientos.

Comencemos con una pequeña proporción de las mujeres y hombres que tienen la tarjeta SOLIDARIDAD; podría incluirse un pago a cambio de la obligación de recibir capacitación por un plazo pre-establecido: aprender a leer, completar el nivel medio de estudios, entrenarse en técnicas de trabajo o adiestrarse para desarrollar su propio negocio.

En una fase inicial, podríamos tener la meta de comprometer a tan sólo 5 mil personas, o sea un 1% de la matrícula de Solidaridad. Si el intento fuera exitoso, al cabo de un plazo relativamente corto, por lo menos 5 mil familias dejarían de estar en la lista de las familias más pobres y  vulnerables.

De este modo estaríamos invirtiendo en futuro, en el aprendizaje y el desarrollo humano, con mayor impacto en el bienestar de la gente.

La idea, que tomamos prestada del economista chileno Oscar Landerechte, puede parecer atrevida, pero en realidad es un ejercicio de sentido común.

Hay que diseñar el proceso y sus formas de ejecución y de medición de resultados. Entidades como el Gabinete Social, el Consejo Nacional de Competitividad, los ministerios de Trabajo y Educación,  el Consejo de la Empresa Privada y el INFOTEP serían las encargadas de establecer una fuerza de tarea para elaborar y ejecutar el proyecto correspondiente.